La trata de personas, comercio
de personas o tráfico de personas es el comercio ilegal
de seres humanos con propósitos de esclavitud reproductiva, explotacion sexual, trabajos orzados , extracción de órganos, o cualquier forma moderna de esclavitud.
Es un delito internacional de lesa humanidad y viola los derechos humanos de la persona, también se lo denomina la esclavitud del siglo XXI.
Es una violación a los derechos humanos que atenta contra la libertad y la
dignidad de las víctimas consagrados en la carta magna. Esto envuelve la
capitulación y el transporte ilegal de humanos.
Una denuncia y anuncios destinados a embarazadas con problemas develan a
una institución que promueve adopciones ilegales en La Paz. La Interpol alerta
de clanes familiares involucrados en este delito.
Embarazada y no
sabes qué hacer? No te desesperes, aquí encontrarás una ayuda para
ti...”. Anuncios como éstos son publicados en periódicos de circulación
nacional y/o en páginas de la red de internet, y van acompañados de teléfonos y
correos electrónicos de contacto.
No hay más datos del mensajero o de los
mensajeros, ni de su dirección. Y estas “carnadas” tienen un objetivo: mujeres
que no saben cómo enfrentar un embarazo no deseado por sus parejas o por sus
familias, o por ellas mismas, ya que no cuentan con dinero, trabajo o fueron
víctimas de maltrato o violación... Precisamente por uno de estos problemas,
Jessica —nombre ficticio para salvaguardar la identidad de la fuente— acudió a
estos avisos a inicios del año pasado. Y casi le cuesta su hijo.
Fue en enero cuando la menor de edad se enteró de
que estaba encinta. Tras haber sido rechazada por el padre de su hijo y por sus
progenitores, leyó en un diario una publicidad que le dio una esperanza. “Llamé
por teléfono y una señorita muy amable me citó en El Prado de la ciudad de La
Paz. Al encontrarnos me pidió que no aborte, incluso me mostró fotografías de
cómo despedazaban al bebé y me dijo que lo podía dar en adopción, y que había
una casa en la que me cuidarían hasta el parto”.
Alerta. Para
entonces, los papeles de adopción ya estarían listos, al igual que
la pareja que se haría cargo del recién nacido. La adolescente
estuvo a punto de aceptar la “colaboración”; sin embargo,
recapacitó y no volvió a verse con la “señorita muy amable”. “Después me enteré
de que una amiga firmó los documentos, que la cuidaron y que, posteriormente,
se arrepintió de renunciar a su hijo cuando nació. La amenazaron con meterla
presa y se lo quitaron”, narra la joven mientras sostiene, orgullosa, a su
retoño de un año.
Para la Policía y la Fiscalía de El Alto, los
anuncios de este tipo en periódicos y páginas web son nuevas formas que
estarían usando redes de trata y tráfico de seres humanos —en este
caso de bebés— para adopciones ilegales. El caso de un centro de ayuda para
mujeres descubierto en la ciudad de La Paz ha activado la alerta; incluso,
Informe La Razón halló indicios de que éste sigue operando. Mientras, la
Policía Internacional (Interpol) alerta de clanes familiares bolivianos
involucrados con organizaciones criminales internacionales.
La Convención de las Naciones Unidas contra el
Crimen Organizado Transnacional define a la trata como “la captación, el
transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a
la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al
fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a
la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento
de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación”.
“Esa explotación —establece— incluirá, como
mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación
sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas
análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”. Este
delito es castigado por el artículo 281 bis del Código Penal con entre ocho y
12 años de cárcel y, generalmente, va unido al tráfico de personas
y la participación de grupos delincuenciales con nexos en varios países.
Al respecto, el artículo 281 ter dicta: “El que en
beneficio propio o de tercero por cualquier medio induzca, promueva, favorezca,
financie o facilite la entrada o salida del país de personas en forma ilegal o
en incumplimiento de las disposiciones legales de migración, será sancionado,
con privación de libertad de cuatro (4) a ocho (8) años. Si (...) se produjere
la muerte de la víctima, se impondrá la pena del delito de asesinato (30 años).
Si la muerte fuese producida por acciones u omisiones culposas, la pena se
agravará en una mitad”.
Las adopciones ilegales forman parte de este
circuito. Un documento de la Organización Internacional para las Migraciones en
Bolivia sostiene que redes internacionales están detrás de este flagelo.
“Bebés, niños y niñas son substraídos, secuestrados o alejados de sus familias
a cambio de una suma de dinero u otros medios. En el mejor de los casos, el
niño/a tiene una familia esperando sin que esto suponga una garantía de la
seguridad del pequeño/a, que puede verse expuesto a vejámenes en su
familia adoptiva. El destino también puede ser una red criminal de
explotación”.
Adopciones. La
trata y tráfico son una práctica delictiva que está a la par del narcotráfico y
el contrabando de armas en cuanto a ingresos, que son millonarios, y además
está en auge. Un informe de la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM) refiere que el año pasado sus misiones repartidas por 91 naciones del
mundo atendieron a 2.040 menores de 18 años que fueron víctimas de trata, cifra
que supera en un 27% a los casos presentados en 2008, que ascendieron a 1.565.
La División de Trata y Tráfico de la Fuerza
Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) reportó 235 denuncias en todo el
país en 2008; un año después, el guarismo subió a 303; en 2010, cayó a 282,
mientras el año pasado descendió a 229. Y en los primeros cinco meses de este
2012, los casos ya llegan a 113. A la par, se iniciaron 185 investigaciones por
la desaparición de igual número de menores de entre 1 y 12 años, y la Interpol
está tras el paradero de 35 niños extraviados en este año.
Desde la ciudad de El Alto, la FELCC y el
Ministerio Público intentan unir los eslabones de la cadena de un centro de
ayuda para mujeres —no se revela su nombre ni de los involucrados para no
entorpecer las investigaciones— que fue develado el segundo semestre del año
pasado en la zona central de la urbe paceña. Las pesquisas se manejan con
pinzas, con estricta reserva, y se sospecha de su relación con
organizaciones en el extranjero. Y su modus operandi recurría a anuncios en
diarios y a una página de internet para atraer a “víctimas”.
Después de meses de averiguación y tras la denuncia
de una afectada, se reveló que los hermanos Carlos y Andrea (nombres ficticios)
eran parte de esta entidad que ofrecía colaboración a embarazadas “con
problemas” y de escasos recursos económicos. La Policía allanó la casa/oficina
donde se realizaban las adopciones. Lo que dejó preocupados a los agentes
son seis documentos de “renuncia de paternidad” firmados por otras seis
mujeres, y no se sabe el destino de esos bebés.
El teniente Boris Loayza, de la División de Trata y
Tráfico de la FELCC alteña, informa que en mayo del año pasado, Virginia, de
unos 35 años, llegó a su despacho y relató que acudió a un grupo de apoyo gracias
a un anuncio en la internet, tras haber quedado encinta y por no contar con la
comprensión de su pareja ni de su familia. Tras comunicarse por teléfono y
fijar una cita en la institución, fue recibida por Carlos, que la convenció de
no abortar.
Verónica Viscarra, fiscal de la División Menores de
El Alto —que está a cargo del caso—, añade que la denunciante aceptó los
controles prenatales realizados por un médico en la casa/oficina y recibió
complementos alimenticios como vitaminas y leche. Aparte, el hombre se hacía
pasar por funcionario del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) y
de la Asociación de Padres de Corazón para “reclutar” a padres adoptivos. “Daba
charlas en reuniones a las que asistían parejas y les pedía nombres, teléfonos y
correos electrónicos, para ofrecerles a los recién nacidos”.
Cerrado el trato por ambas partes, sólo restaba
esperar el alumbramiento. Era el momento en el que intervenía Andrea, que
apoyada en su profesión de abogada, elaboraba el documento de desistimiento a
la potestad del niño, para hacerlo firmar por la madre. Y si ésta intentaba dar
un paso atrás, la amedrentaba con meterla presa por incumplimiento. Así sucedió
con Virginia cuando se animó a recuperar a su retoño, casi dos años después de
su decisión, todo porque su nueva pareja era estéril.
Pero no se recuperó al menor y “no descubrimos la
cantidad de dinero que se ha manejado. Todos (la madre y los supuestos
tratantes) se escudan en que la adopción se hizo para evitar un aborto y salvar
una vida, pero nos preguntamos: ¿cuán caritativos son para invertir de su
dinero en valoraciones médicas y documentos sin obtener nada a cambio?”,
cuestiona Viscarra. A la par, es sospechoso que la casa/oficina operaba casi en
la clandestinidad.
Virginia y Andrea fueron enviadas a las cárceles
femeninas de Miraflores y Obrajes. Ésta última estuvo recluida durante dos
meses y ahora cumple detención domiciliaria, al igual que su hermano. “Hace
tres meses estas personas están en libertad y nos preguntamos en qué fallamos
si logramos demostrar la ilegalidad con la denuncia de la mamá biológica y con
documentación”, se lamenta el teniente Loayza.
A pesar de todo, él y la fiscal Viscarra adelantan
que hay pruebas para lograr una sentencia condenatoria. La caja de Pandora se
abrirá tras el peritaje del Instituto de Investigaciones Forenses a las
computadoras decomisadas en la casa/oficina, en las que estaría el paradero de
los bebés, de las progenitoras y de los padres adoptivos que radicarían en el
extranjero. “Dependiendo de lo que se halle, se ampliará la imputación a la
organización y las instituciones que operen con ella o que coadyuvan para hacer
las adopciones”, subraya Viscarra.
Lo que está comprobado es que Carlos y Andrea no
cumplieron una exigencia crucial del Código Niño Niña Adolescente, o sea, no
recurrieron al Juez de la Niñez y Adolescencia que autoriza la adopción
mediante un fallo judicial, “cuando se comprueben verdaderos beneficios para el
adoptado y se funde en motivos legítimos. Será precedida de un periodo
preadoptivo de convivencia del niño, niña o adolescente con el o los adoptantes
por el tiempo que la autoridad judicial determine”.
La juez Segundo de Partido de la Niñez y
Adolescencia de La Paz, Jaqueline Rada, comenta que toda demanda de
adopción es analizada durante 30 días.
“Son tres audiencias: de asignación, periodo
adoptivo (hasta 15 días) y la lectura de sentencia. El tiempo puede ser mayor
por los factores externos que no controla el juez”. Informa que el año pasado
se aprobaron 68 solicitudes de adoptantes nacionales en La Paz y El Alto, y 11
provenientes de extranjeros.
Pero los tratantes también recurren al robo y a la
compra de niños. El teniente Loayza informa de dos casos que
son investigados por su dependencia.
Uno ocurrió en diciembre de 2011, en los Yungas,
cuando una lavandera pagó Bs 100 por un neonato que, luego, no quiso devolver a
su madre porque lo entregó a padres adoptivos mediante un pastor evangélico. En
el segundo, un hombre acusó a su pareja de haber regalado a su retoño. En ambos
hechos hay supuestos abogados que redactaron convenios de renuncias de
paternidad.
En mayo de este año, la Policía de Potosí recibió
la denuncia de Mariana, quien tras comercializar a su hijo por Bs 400, intentó
recuperarlo sin éxito y hoy guarda detención preventiva. A su historia se suman
las ventas de infantes registradas el año pasado en Llallagua, por Bs 2.000, y
en 2008, en Villazón, por Bs 5.000, de acuerdo con los datos proveidos a
Informe La Razón. Hay personas tras las rejas y notarios y oficiales de
Registro Civil en la mira.
En La Paz, el teniente Jimmy Sanga recuerda una
denuncia interpuesta en 2011 por una joven trabajadora del hogar en la zona
Sur. “Indicó que al verse embarazada, decidió seguir el consejo de su patrona y
vender a su bebé en $us 5.000 a una amiga de ella en Canadá. Pero ésta sólo
quiso pagar $us 2.000 porque la recién nacida era niña y quería un varón; por
eso la delató”. A la par, se frustró una transacción de una recién nacida en la
plaza Triangular; los sospechosos están detenidos.
Falencias. El coordinador de la Red 165 de la
Alcaldía de La Paz, Marco Antonio Gira, revela que otro método es que los
padres adoptivos se hacen pasar como biológicos a partir del certificado de
nacido vivo. “Por ejemplo, una embarazada llegó de Cochabamba y se internó en
un hospital con el nombre de la que compró a su hijo”. Esta ilegalidad
—critica— es facilitada por la “inseguridad” en las oficialías de Registro
Civil, donde basta este certificado para inscribir a un bebé como propio.
El jefe de la División de Trata y Tráfico de
Personas de la FELCC de La Paz, coronel Adolfo Cárdenas, explica que muchos
casos de venta de niños no son denunciados o no se conocen porque los padres y
tratantes quedaron “conformes”. Resalta que en el área rural, la transacción no
implica un gran ingreso económico para los padres que, generalmente, entregan a
sus hijos creyendo que tendrán mejor futuro. “Lo preocupante es cuando no se
sabe en qué manos caerán, ya que pueden darlos a personas deseosas de
tener un niño (para criar) o a traficantes de personas”.
La lentitud de los canales de adopción en el
extranjero, señala el jefe de la misión de la OIM en Bolivia, Wálter Arce, es
una razón para que exista gran demanda de niños bolivianos en países europeos,
sobre todo menores de cinco años; algo que es cubierto por redes
internacionales que mantienen a los bebés en cautiverio y que, tras su
comercialización, pueden ser víctimas de trata internacional con fines de
adopción ilegal o para extraerles líquidos de su médula espinal”, importantes
para el diagnóstico de males neurológicos.
Una investigación de la OIM determina que “se tiene
conocimiento de la práctica de secuestros de criaturas y redes que ofrecen $us
100 por secuestrar a un niño. Otra formas de reclutar niños son ganarse la
confianza del menor, o comprar al niño/a a través de terceros, o directamente
negociarlo con la familia”. Y todo el circuito de la trata y
tráfico tiene carta blanca para operar en Bolivia, según los entrevistados, por
el casi nulo control en las fronteras interdepartamentales y con otros países.
Más aún, el director de la OCN Interpol de La Paz,
Dorian Angles Valverde, a través de un cuestionario respondido a Informe La
Razón, advierte que en el país las redes que impulsan adopciones ilegales están
conformadas “en su mayoría por clanes familiares que obedecen a requerimientos
de organizaciones criminales internacionales, que se encuentran en constante
investigación”, y Bolivia “se constituye de manera directa en un lugar de
tránsito de llegada y salida” en la cadena multinacional de trata y tráfico de
personas (ver la infografía de esta página).
La FELCC y la Fiscalía de El Alto están convencidas
de que el centro de ayuda a mujeres hallado en La Paz tiene tentáculos en
otras partes del orbe. Informe La Razón se contactó con una fundación española
que apoya entes con similares nombres y objetivos en Latinoamérica; los
encargados afirmaron que no tienen ningún emprendimiento de estas
características en territorio boliviano, aunque la denominación no está
patentada y puede ser usada libremente.
Inclusive, se constató que una organización con el
mismo nombre opera ahora en un barrio céntrico de la ciudad paceña. La fiscal
Viscarra adelanta una pesquisa y no desecha que la casa/oficina haya emigrado
de dirección y responda a la pareja de hermanos que guarda detención
domiciliaria, porque recurre a anuncios en periódicos que ofertan las mismas
“colaboraciones” a embarazadas. El contacto telefónico de una periodista parece
confirmar ello:
— Llamaba por el anuncio,
señora.
— ¿Estás segura que estás
embarazada?
— ¿Te hiciste alguna prueba?
— No, pero a mi amiga le pasó
igual y estaba embarazada.
— No te preocupes, ¿quieres
una cita?
— La primera consulta es
gratis... aquí te va a ver el médico.
— Me da miedo, no quiero
abortar.
— Acá te vamos a dar otras
opciones.
— No te puedo decir por
teléfono, tienes que venir... Te vamos a ayudar en todo.
Ximnena Ayca Muñoz
CONCEPTO
